Plazo para reclamar una factura impagada: prescripción

El plazo para reclamar una factura impagada es uno de los aspectos más sensibles del recobro: actuar dentro del término legal permite exigir judicialmente la deuda, mientras que dejar transcurrir la prescripción convierte el crédito en inexigible si el deudor opone la excepción correspondiente. Conocer el plazo aplicable, las causas de interrupción y la forma de computar el cómputo desde el vencimiento marca la diferencia entre cobrar lo adeudado y asumir una pérdida patrimonial irreversible.

El régimen aplicable combina el Código Civil (arts. 1964, 1967, 1968 y 1973), el Código de Comercio para relaciones mercantiles, la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, sobre morosidad, y la Ley 42/2015, de 5 de octubre, que redujo el plazo general de las acciones personales de quince a cinco años. La calificación del crédito y la elección del plazo aplicable resultan determinantes para cualquier acción de recobro.

Qué es la prescripción de una factura impagada

La prescripción es la extinción del derecho a exigir judicialmente el cumplimiento de una obligación por el transcurso del tiempo legalmente previsto sin que el acreedor haya ejercitado su acción. No supone la desaparición material de la deuda —el pago voluntario de un crédito prescrito es válido y no genera derecho a repetición—, pero sí impide al acreedor obtener una sentencia condenatoria si el deudor opone la excepción de prescripción.

El régimen sustantivo se asienta sobre tres ideas básicas:

• Naturaleza de la acción: las facturas se reclaman a través de una acción personal derivada del contrato subyacente. El plazo aplicable es el previsto para esa acción personal.
• Plano probatorio: la prescripción no se aprecia de oficio en la jurisdicción civil. Debe alegarla el deudor en su contestación o en la oposición al monitorio. Si no la opone, la condena prosperará pese al transcurso del plazo.
• Plano práctico: la posibilidad de interrumpir el plazo y reiniciar el cómputo exige actuaciones formales del acreedor, especialmente reclamaciones extrajudiciales fehacientes y reconocimientos del deudor documentados.

El acreedor debe identificar primero el plazo aplicable, después el momento desde el que se computa y, por último, valorar si ha existido alguna causa de interrupción.

Plazo general civil tras la reforma de 2015

La Ley 42/2015, de 5 de octubre, modificó el artículo 1964 del Código Civil y redujo el plazo general de prescripción de las acciones personales de quince a cinco años. La reforma respondió al objetivo de equiparar el régimen español al de los ordenamientos europeos próximos y de incentivar la diligencia del acreedor en la reclamación de sus créditos.

El artículo 1964.2 CC dispone que «las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación». Se aplica con carácter residual: rige en defecto de un plazo especial previsto por el Código Civil, el Código de Comercio o una ley sectorial.

La reforma introdujo un régimen transitorio de gran relevancia práctica. La disposición transitoria quinta estableció que el nuevo plazo de cinco años se aplica a las relaciones jurídicas nacidas a partir del 7 de octubre de 2015; para las anteriores rige el artículo 1939 CC: prescriben conforme al plazo antiguo de quince años, salvo que el plazo de cinco años contado desde la entrada en vigor de la reforma se cumpla antes. En la práctica, las facturas anteriores a octubre de 2015 no reclamadas judicialmente quedaron prescritas, como muy tarde, el 7 de octubre de 2020.

Las facturas emitidas a partir de octubre de 2015 prescriben a los cinco años desde su vencimiento exigible, salvo plazo especial más corto.

Plazos especiales según el tipo de crédito

El plazo general de cinco años convive con plazos especiales más breves para determinadas relaciones jurídicas. Su omisión es una fuente frecuente de pérdida del derecho de reclamación.

1. Honorarios profesionales y servicios (art. 1967 CC): tres años. El artículo 1967 fija un plazo de tres años para los honorarios de abogados, registradores, notarios, peritos, agentes y curiales, así como para las cantidades adeudadas a menestrales, criados y profesionales liberales asimilados. El plazo se computa desde que dejaron de prestarse los respectivos servicios.
2. Responsabilidad extracontractual (art. 1968 CC): un año. La acción para exigir la responsabilidad civil derivada del artículo 1902 CC prescribe al año desde que el perjudicado conoció el daño. Resulta relevante cuando la pretensión se articula como reclamación de daños y no como cumplimiento contractual.
3. Operaciones cambiarias y mercantiles. La acción cambiaria directa contra el aceptante de una letra o el firmante de un pagaré prescribe a los tres años desde el vencimiento (art. 88 LCCh); las acciones de regreso, al año desde el protesto; las del cheque, a los seis meses; la del contrato de transporte terrestre, al año (art. 952 CCom).
4. Suministros continuados. Los créditos por suministros (energía, agua, gas, telecomunicaciones) se reclaman conforme al plazo general de cinco años, computado factura a factura desde el vencimiento de cada una. La jurisprudencia ha confirmado que el carácter continuado del contrato no impide computar los plazos individualmente.
5. Compraventa y servicios entre empresas. Se rigen, con carácter general, por el plazo civil de cinco años, sin perjuicio de plazos especiales aplicables a la operación concreta y de las reglas de la Ley 3/2004 sobre intereses de demora.

La calificación del crédito condiciona toda la estrategia de recobro. Un error en la identificación del plazo aplicable puede traducirse en una sentencia desestimatoria. La consulta con un especialista en derecho contractual resulta recomendable cuando la factura responde a una relación atípica o mixta.

Tabla de plazos por tipología de factura

La siguiente tabla sistematiza los plazos aplicables a las tipologías de crédito más habituales. La frontera entre supuestos no siempre es nítida y la concurrencia de elementos mercantiles o profesionales puede modificar el régimen aplicable.

La tabla ofrece una panorámica orientativa. Un análisis riguroso exige revisar la documentación contractual e identificar si concurren elementos que impongan un plazo especial.

Interrupción del plazo de prescripción

El artículo 1973 del Código Civil enumera las causas de interrupción de la prescripción. La interrupción tiene un efecto radical: una vez producida, el plazo se reinicia desde cero, de modo que el acreedor dispone de un nuevo periodo completo para reclamar. La diferencia con la suspensión —que paraliza el cómputo y lo reanuda donde quedó— es esencial: en el régimen del Código Civil, la prescripción se interrumpe, no se suspende.

El artículo 1973 CC reconoce tres causas de interrupción:

• Reclamación judicial. La presentación de la demanda interrumpe la prescripción aunque el procedimiento no concluya con sentencia favorable, salvo desistimiento. La demanda monitoria también produce este efecto desde su admisión.
• Reclamación extrajudicial fehaciente. La reclamación efectuada por el acreedor con prueba documental suficiente —burofax con acuse de recibo y certificación de contenido, requerimiento notarial o conducto fehaciente equivalente— interrumpe el plazo. Las llamadas telefónicas, los correos electrónicos no firmados o las reclamaciones verbales no acreditadas no surten este efecto.
• Reconocimiento del deudor. Cualquier acto del deudor que reconozca la existencia de la deuda —escrito firmado, propuesta de pago aplazado, abono parcial documentado— interrumpe el plazo y abre uno nuevo.

La práctica recomienda articular un protocolo periódico de reclamación extrajudicial para los créditos que se aproximan a su prescripción. Un burofax bien redactado, con identificación clara del importe y del concepto, basta para preservar la viabilidad jurídica del crédito.

Cómo computar el plazo: el dies a quo

La determinación del dies a quo —el día desde el que comienza a contar el plazo de prescripción— es una operación técnica de la máxima trascendencia. El artículo 1969 CC establece la regla general: el tiempo se cuenta desde el día en que la acción pudo ejercitarse. Aplicado a las facturas, el plazo se computa habitualmente desde el vencimiento exigible de la obligación de pago.

La determinación concreta depende de la modalidad de la operación:

1. Factura con plazo de pago expreso. Cuando el contrato o la factura fijan un plazo (treinta, sesenta o noventa días desde la emisión), el plazo de prescripción comienza el día siguiente al del vencimiento.
2. Factura sin plazo expreso. En operaciones mercantiles entre empresas, la Ley 3/2004 establece supletoriamente un plazo de pago de treinta días desde la recepción, ampliable contractualmente hasta sesenta. Transcurrido ese plazo legal, la deuda es exigible y comienza a computar la prescripción.
3. Servicios continuados. En contratos de tracto sucesivo, cada factura genera su propio dies a quo. Por eso, en suministros, el acreedor puede reclamar las facturas no prescritas aunque las anteriores hayan quedado fuera de plazo.
4. Servicios profesionales del artículo 1967 CC. El plazo de tres años se cuenta desde la finalización del servicio, no desde la emisión de la minuta. La jurisprudencia ha precisado que el dies a quo coincide con el cese efectivo de la prestación.
5. Reconocimiento de deuda y novación. Si las partes formalizan un reconocimiento con un nuevo plazo de pago, el dies a quo se traslada al nuevo vencimiento y se reinicia íntegramente el cómputo.

El error más frecuente consiste en computar el plazo desde la emisión de la factura sin considerar el plazo de pago acordado. Otro error habitual es ignorar las reclamaciones extrajudiciales remitidas, que reinician el cómputo. La actuación coordinada con un abogado de recuperación de impagados permite organizar este control y activar los mecanismos de interrupción.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el plazo general para reclamar una factura impagada en España?

El plazo general es de cinco años desde el vencimiento exigible de la factura, conforme al artículo 1964.2 del Código Civil en su redacción dada por la Ley 42/2015. Se aplica con carácter residual a todas las acciones personales que no tengan un plazo especial fijado por una norma específica. Para facturas anteriores al 7 de octubre de 2015 rige el régimen transitorio: las no reclamadas habían prescrito, como tarde, el 7 de octubre de 2020.

¿Cuál es el plazo para reclamar honorarios de servicios profesionales?

El artículo 1967 del Código Civil fija un plazo especial de tres años para los honorarios de abogados, notarios, peritos, registradores y profesionales asimilados. Se cuenta desde la finalización del servicio, no desde la emisión de la minuta. La jurisprudencia ha extendido este precepto a otras profesiones liberales cuando la naturaleza del servicio guarda analogía con los supuestos legalmente previstos.

¿Se puede interrumpir el plazo de prescripción de una factura?

Sí. El artículo 1973 del Código Civil prevé tres causas: la reclamación judicial mediante demanda o monitorio, la reclamación extrajudicial fehaciente —burofax con certificación de contenido, requerimiento notarial o conducto equivalente— y el reconocimiento de la deuda por el deudor, expreso o tácito mediante actos concluyentes como un pago parcial. Producida la interrupción, el plazo se reinicia desde cero.

¿Cómo se interrumpe correctamente la prescripción de una factura?

La forma más segura es remitir un burofax con acuse de recibo y certificación de contenido al deudor, identificando con precisión la factura, el importe y el concepto, y conservando los acuses como prueba documental. También sirven el requerimiento notarial y la presentación de demanda judicial o monitoria. Las reclamaciones telefónicas o por correo electrónico no certificado tienen un valor probatorio mucho más limitado.

¿Qué era la prescripción de quince años y por qué cambió?

Hasta la Ley 42/2015, el artículo 1964 CC fijaba un plazo de quince años para las acciones personales sin plazo especial. La reforma lo redujo a cinco para equiparar el ordenamiento español al del entorno europeo e incentivar la diligencia del acreedor. La disposición transitoria quinta estableció un régimen específico para los créditos anteriores al 7 de octubre de 2015, que en la práctica habían prescrito todos a 7 de octubre de 2020 si no había habido interrupción.

Conclusión

La gestión del plazo para reclamar una factura impagada exige rigor documental, identificación correcta del plazo aplicable y planificación sistemática de las actuaciones interruptivas. El plazo general de cinco años del artículo 1964 CC convive con plazos especiales más breves —tres años para honorarios profesionales del artículo 1967 CC, plazos cambiarios específicos, plazos sectoriales del Código de Comercio— que pueden modificar sustancialmente la estrategia de recobro.

Si necesitas asegurar el cobro de facturas pendientes o evaluar el estado de prescripción de una cartera de impagados, los abogados de recuperación de impagados de García Rius Legal analizan la documentación, calibran el plazo aplicable y diseñan un protocolo de reclamación adaptado a cada caso. La actuación conjunta con los especialistas en reclamación de deudas y la revisión preventiva de los contratos mercantiles que dan origen a las facturas refuerzan la posición del acreedor y reducen el riesgo de morosidad estructural.